La producción de cine nacional no abastece para la
venta de copias legales. Es el dilema por el que atraviesa el proyecto
empresarial Cine Boliviano Original (CBO), según informa su gerente,
Roberto Lanza.
“Después de dos años sigo vendiendo las mismas
15 películas. La gente ve CBO y no se acerca más, porque sabe que no
hay más estrenos”, afirma Lanza.
CBO cuenta con 52 puestos de venta, de los cuales 15 están con los piratas.
Lanza
cuenta que, ante la expansión de CBO, decidieron incluir a los piratas
para que vendan copias legales de cine boliviano. Algunos aceptaron,
agrega.
“Empezó (la venta de CBO) a tener mucho más flujo, pero
ahora no hay suficientes estrenos para que el comerciante esté feliz de
tener ese puesto ahí. Tendría que tener dos estrenos al mes, mínimo”,
dice Lanza.
Por su parte, Gerardo Guerra, distribuidor y
productor cruceño, manifiesta que su clientela le ratifica que “no hay
una gran cantidad películas legales para la venta”. Guerra entiende la
inversión que representa sacar copias legales y considera que “es
difícil competir contra la piratería”.
La queja principal de
Lanza es que los negocios de los piratas tienen licencia de
funcionamiento municipal. Considera que el Estado está siendo “cómplice”
de esta actividad ilegal y cree que el hecho de que algunos emitan
factura es “como ponerle impuesto a la cocaína”.
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