EN LA ACTUAL NORMATIVA, LA PIRATERíA ESTá PROHIBIDA. SIN EMBARGO, EL ESTADO NO HA TENIDO CUERPO PARA HACER RESPETAR LA LEY.

Han pasado más de 20 años de la aprobación de la Ley 1302 del Cine y similar tiempo de la Ley de Derechos de Autor 1322 , y la piratería de películas ha crecido como en todo el país, sin que ninguna autoridad haga cumplir las leyes.

La proliferación del millonario negocio se ve en distintas zonas y calles de la ciudad, como si la actividad fuera legal, cuando es todo lo contrario.

Frenar esa realidad es tan complejo, que ni los cineastas, distribuidores o productores audivisuales, entre otros actores del séptimo arte boliviano, creen que una nueva normativa sea la solución.

A dos décadas de la aprobación de las dos principales normas que deberían proteger la actividad del cine, el Ministerio de Culturas, distintas asociaciones, grupos de cineastas, actores y distribuidores elaboran un anteproyecto de ley, basados en tres propuestas que salieron de las mismas filas de los artistas cinematográficos.

Una de ella es la propuesta del Ministerio de Culturas, la otra del Centro de Formación y Realización Cinematográfica (Cefrec) y de la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia (CAIB), y la tercera de la Asociación de Cineastas de Bolivia (Asocine).

En las tres propuestas se coincide en que la nueva norma no debe reconocer la piratería, pero también se admite que el problema va más allá de la ley, ya que está de por medio un problema social: la necesidad de empleo de miles de familias que viven de la venta no sólo de copias cinematográficas, sino de CD de música, programas de computación y juegos, todos piratas.

Para asesor del Ministerio de Culturas Nelson Martínez, “el tema de hacer frente a este problema no es sencillo, porque está ligado al problema social, pero también a las mafias, redes que tienen mucho dinero a raíz de este tipo de comercio”.

Agrega que ambos son niveles distintos, pero que deben ser considerados.

Sin embargo, indica, lo primero que hay que defender es la producción nacional y llegar a un primer gran acuerdo con los comerciantes que venden material ilegal, “ellos no pueden hacernos la guerra a nosotros. Otra es la situación de mercados internacionales”, manifiesta Martínez.

El director de Centro de Formación y Realización Cinematográfica (Cefrec), Iván Sanjinés, coincide en que la solución a la creciente piratería es compleja, y asegura que “no se trata de hacer leyes que prohíban, sino de preguntarnos qué debemos hacer”.

Para Sanjinés, el Estado tiene que implementar acciones concretas, crear una plataforma que ligue la producción nacional con la distribución y la llegada de ese material a la gente. Asimismo, indica que debe trabajarse en la concientización y educación de los públicos para, de a poco, ir cambiando la mentalidad que hoy existe.

“Hay que sentar soberanía de ese espacio popular y crear alternativa. La piratería la consumen todos, no hay diferencia social”, añade.

Manifiesta que de repente la solución sea encontrar una propuesta en la que el Estado deba tener una acción no precisamente coercitiva, sino poner una plataforma de reproducción o alianza con sectores, para que, si hay disposición de pagar impuestos, bien puedan hacerlo. Sin embargo, “lo que no podemos hacer es legalizar la piratería, porque el perjuicio es grande. Empero, algunos cineastas han utilizado la piratería para poder difundir su trabajo, y en algún caso se ha llegado a acuerdos”.

EL COMBATE

La directora de la Cinemateca Boliviana, Mela Márquez, reconoce también que es difícil hacer una norma contra la piratería cuando ésta socialmente es aceptada, pues “comprar pirata no es mal visto”.

“Yo confieso que las leyes son solo buenas intenciones, si no hay una política del Estado”, dice la directora de la película Sayariy, quien insiste en que la lucha contra la piratería debe ir acompañada de soluciones estructurales contra el desempleo y el contrabando.

Asimismo, Márquez plantea que en la nueva normativa deben existir mecanismos de apoyo a la difusión, y dentro de la cadena del fondo de fomento debe existir recursos destinados a estrategias para combatir la piratería.

“Ahora esos recursos se puede hacer de anticipo, lo que se llama la copia privada. Es un tema que se ha discutido en el exterior. Eso significa que cualquier elemento que sirve para reproducir debe pagar un impuesto, de modo que ese tributo vaya al fondo y compense la piratería, para eso se tendría que haber estrategias muy precisas”, añade.

Sin embargo, advierte que aquello es difícil por el excesivo contrabando que hay en todos los materiales de reproducción.

Desde su punto de vista, en Bolivia hay una doble moral con la pobreza y la cultura. “Se gasta en grandes fiestas, pero comprar un libro dicen que les resulta caro”, finaliza.

Sobre el tema, el ministro de Culturas, Pablo Groux, afirma que en la medida en que la oferta, la calidad y los precios de un cine legal sean accesibles a la ciudadanía, ésta va poder acceder a material legal.

“En el caso del cine hay que hacer también un trabajo de formación ciudadana y, por supuesto, ofrecerle a la ciudadanía posibilidades de que acceda a material legal. Es el cine el que tiene que reinventar sus propias estrategias para poder acceder de manera formal a la ciudadanía”, indica.