La Fundación de la Cinemateca Boliviana negocia con el Gobierno la renovación del contrato de usufructo del terreno que alberga a su sede, donde se encuentran las salas y el Archivo Fílmico Nacional. El convenio, aprobado hace 20 años, vence este mes. Desde el Ministerio de Gobierno analizan la solicitud de los cineastas.
"Hace más de dos meses y medio empezamos la negociación con las autoridades del Gobierno para renovar el contrato de usufructo. Conocemos que existe la voluntad política para renovar el contrato unos 20 años más”, aseguró la directora de la Cinemateca Boliviana, Mela Márquez.
Según la directora, a principios enero de 1994, los responsables de la Fundación Cinemateca Boliviana firmaron un contrato de usufructo del terreno con las representantes de los ministerios de Gobierno y Salud, propietarios del espacio ubicado en la calle Óscar Soria, de la zona de Sopocachi. Años después construyeron el edificio que actualmente alberga sus salas.
Este contrato fue avalado por el Decreto Supremo 23551, promulgado en 1993 por el entonces presidente Jaime Paz Zamora. "La Fundación Cinemateca Boliviana confronta una situación muy precaria y difícil porque se le ha solicitado por el propietario privado el desalojo del local que ocupa actualmente, poniendo en riesgo la continuación de sus importantes tareas”, se lee en el segundo considerando de la norma.
El 11 de julio del año pasado, la directiva de la Fundación de la Cinemateca envió una carta al presidente Evo Morales, en la que le piden la renovación del usufructo del terreno. Tras la solicitud, funcionarios del Ministerio de Gobierno contactaron a los responsables de la Cinemateca para renovar el contrato.
"Nos solicitaron un informe técnico y jurídico, que ya lo presentamos el 24 de octubre. Además realizaron una inspección del archivo, las salas y otros de los ambientes”, dijo Márquez.
Entre los documentos que entregaron están la justificación de la solicitud, el catastro, los planos del terreno, un informe detallado sobre el trabajo y las actividades que realiza la Cinemateca.
Los abogados del Ministerio de Gobierno solicitaron ayer a la institución adjuntar un informe sobre los gastos de administración y el costo de mantenimiento. Según Márquez, este informe permitirá establecer que la Fundación es una institución sin fines de lucro.
El plazo para renovar el contrato estará sujeto a trámites y solicitudes del Ministerio de Gobierno.
Consultado al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó a Página Siete que actualmente analizan la solicitud de la Cinemateca. "Todavía (la solicitud de renovación del contrato) está sujeta a evaluación técnica. Lo que pasa es que un contrato de esa naturaleza requiere una norma jurídica y para eso se tiene que tener una evaluación técnica y jurídica correspondiente”, argumentó la autoridad.
Asimismo, señaló que se espera la entrega del informe técnico sobre el caso y que de acuerdo con ello "se evaluará si la renovación procede o no”.
En mayo de 2013, el ministro de Culturas, Pablo Groux, dio a conocer su intensión de estatizar la Cinemateca Boliviana y que la determinación estará amparada en la nueva Ley del Cine y el Audiovisual, que se plantea aprobar en los próximos meses.
¿Y si no se renueva el contrato?
Tanto el ministro de Gobierno como la directora de la Cinemateca Boliviana señalaron que aún no quieren adelantar acciones sobre esa posibilidad.
Sin embargo, Javier Zárate, presidente de la Fundación de la Cinemateca Boliviana, explicó que se espera renovar el contrato, ya que la Cinemateca cumple un servicio social.
Caso contrario, explicó que "el contrato es sobre el terreno y que de acuerdo con las normas (la construcción de la sede) se someterá a una discusión de avalúos”.
"En el contrato firmado hace 20 años se estableció el derecho de renovación”, aseveró Zárate, quien agregó que el documento fue firmado en enero de 1994, pero que el terreno les fue entregado después de dos años.
El terreno era de la familia Agramont
El terreno que alberga en la actualidad a la Cinemateca Boliviana fue de propiedad de Rosa Agramont viuda de Cusicanqui. En 1969, el espacio pasó a propiedad del Estado.
Después de la muerte de la señora Agramont, el espacio pasó a ser de propiedad del Estado y éste lo concedió a los entonces ministerios de Previsión Social y Salud Pública e Interior Migración Justicia y Defensa Social.
En julio de 1993, el presidente Jaime Paz Zamora promulgó el Decreto Supremo 23551, mediante el que autorizó a esos ministerios entregar el terreno a la Cinemateca. Según el artículo 1 del decreto, se cedieron 146,68 metros cuadrados y 1.059,25 metros cuadrados de los terrenos.
"La firma del contrato de usufructo se concretó en enero de 1994”, dijo Javier Zárate, quien agregó que tras el convenio, las autoridades tardaron dos años en entregar el área.
"Se realizó una campaña para pedir a las autoridades que entreguen el terreno”, recordó Mela Márquez, directora de esa institución. Luego se inició la recaudación de fondos para construir el espacio. Once años más tarde, en 2007, la Cinemateca inauguró su nuevo edificio.
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